Secretario de Infraestructura rectifica falsas publicaciones sobre las obras de la vía Apure-Chibolo

Obras en la vía Apure-Chibolo avanzan con total normalidad, transparencia y dentro de los tiempos programados.

El secretario de Infraestructura de la Gobernación del Magdalena, Efraín Vargas, confirmó que la obra de mejoramiento de la vía Apure-Chibolo presenta un 81% de avance, desmintiendo falsas publicaciones con los que algunos medios buscan desvirtuar las gestiones que los Gobiernos Populares del Magdalena iniciaron desde 2020 en todo el departamento.

“La vía Apure-Chibolo presenta, al día de hoy, un avance físico de ejecución de obras del 81%, frente a lo que se le ha pagado al contratista, que apenas alcanza el 74%. Es decir, el contratista ha avanzado mucho más allá de lo que la Gobernación le ha cancelado”, informó Vargas.

De esta forma, el funcionario también desmintió que el proyecto presente retrasos en su ejecución, toda vez que “si bien el contrato de la vía se adjudicó en noviembre de 2023, la legalización de dicho acto administrativo se extendió hasta 2024 y no podíamos iniciar la ejecución sin cumplir los requisitos que exige la norma”.

Asimismo, Vargas aseguró que la Gobernación está al día con los pagos y que la última cancelación al contratista se efectuó en marzo del presente año, y no en julio de 2025, como se desinformó.

“Al día de hoy, nos encontramos a paz y salvo con todas las acreencias laborales de 2025 y pendientes de revisar las correspondientes a 2026”, expresó el secretario, quien además afirmó que los recursos para continuar la obra están asegurados y son suficientes para terminar el proyecto”.

Igualmente, el titular de la cartera de Infraestructura departamental anunció que “en los próximos días habilitaremos el tramo correspondiente al punto intermedio de la vía entre Apure y Chibolo, específicamente en el corregimiento de La China, donde también construimos un puesto de salud”.

Por último, Efraín Vargas resaltó la disposición de la gobernadora, Margarita Guerra, de que, en caso de presentarse retrasos o incumplimientos en las obras, la administración inicie procesos sancionatorios y las acciones legales pertinentes contra el contratista correspondiente o, en su defecto, decrete la caducidad de los contratos, en aras de garantizar que los recursos del departamento permanezcan salvaguardados para la terminación de los proyectos de la Gobernación.