PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO – VIGENCIA 2018
PRESENTACIÓN
La Gobernación del Departamento del Magdalena como establecimiento público del orden departamental, es una entidad encargada de la promoción del desarrollo Socio-Económico, Cultural y Ambiental del departamento, con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la comunidad magdalenense. Cuenta con recursos físicos y humanos para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, cumpliendo con las disposiciones legales y enmarcadas en un proceso institucional de mejoramiento continuo.
Acorde con el fortalecimiento institucional liderado por la actual administración y la implementación eficaz de herramientas encaminadas a la prevención de la lucha contra la corrupción y con el interés de disminuir los actos que durante muchos años se han presentado a nivel de corrupción, no solo en el departamento, si no a nivel local y nacional en todas las administraciones públicas, presentamos El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consagrado en artículo 73 del estatuto anticorrupción (Ley 1474 de 2011), que contempla lo siguiente: “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”.
Las acciones aquí plasmadas buscan, la integración de toda la comunidad, el sector público y el sector privado en la formulación de los planes, programas, proyectos, veedurías ciudadanas y al desarrollo de una gestión transparente.
El compromiso de la administración departamental y del gobierno nacional en la lucha contra la corrupción, está dirigido a la seguridad y estabilidad de la sociedad civil hacia la gestión Pública, a una cultura ética y de justicia de los servidores públicos, la disminución de la violación de los derechos humanos por hechos de corrupción, el correcto direccionamiento de los recursos públicos a la ciudadanía y una efectiva participación y vigilancia ciudadana.
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