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Los miembros del Comité de Justicia Transicional aprobaron por unanimidad el Plan de Acción Territorial (PAT) Departamental 2020 – 2023, que incluye 57 metas e iniciativas que impactarán la política pública de las víctimas del Magdalena y que están consolidadas en un documento de 110 páginas.
“Se han recogido todas las inquietudes, específicamente, del tema afro y estamos abiertos a que lo que no se pueda trabajar por ausencia de competencias desde el PAT se pueda incorporar en el plan de trabajo de la Mesa de Víctimas y nosotros podamos hacer el apoyo técnico para la gestión y desarrollo de las propuestas correspondientes”, expresó el gobernador Carlos Caicedo.
El Plan de Desarrollo Departamental (PDD) Magdalena Renace fue un insumo fundamental para la construcción del PAT debido a la amplia oferta social que lo compone, a través de programas y proyectos que beneficiarán a las 335 mil víctimas del conflicto armado en el departamento.
De las 45 propuestas presentadas por la Mesa de Participación de Víctimas del Magdalena y revisadas por la comisión técnica tripartita, integrada por la Defensoría del Pueblo, la Unidad para la Atención Integral de las Víctimas y la Gobernación; se incluyeron 15 propuestas y 13 recomendaciones en el PAT, una incorporación histórica a la planeación de la política pública de víctimas en el departamento nunca antes realizada.
Las propuestas que no tienen anclaje en el PDD Magdalena Renace serán estudiadas por las diferentes secretarías y oficinas de la Gobernación para incluirlas en el plan de trabajo de la mesa.
Entre las propuestas incluidas en el PAT para favorecer a la población víctima están la entrega de 7.500 cupos para becas de acceso a la educación superior, priorizando 50 para la población LGBTI; la legalización de 170 predios, 900 cupos de mejoramiento de vivienda, el diseño y ejecución de 10 proyectos de mejoramiento de entornos comunitarios (obras menores) y la instalación de soluciones de energías limpias para 320 viviendas.
Además, la asistencia y acompañamiento a 25.000 víctimas afrocolombianas en el proceso de restablecimiento de derechos con enfoque diferencial y la destinación de una partida presupuestal para implementar medidas que garanticen los derechos de la población desplazada en el marco de la emergencia por COVID-19 y post pandemia.
“Con esto buscamos que 335 mil personas del Magdalena que han estado afectadas por el conflicto armado y se han reconocido como víctimas puedan tener garantías en sus derechos. Evidentemente hay grandes desafíos, en un territorio donde la violencia no ha cesado es fundamental garantizar la seguridad y planes de protección integral de los territorios que han sido históricamente afectados por estructuras armadas, en coordinación con entidades del orden nacional”, expresó el gobernador Caicedo.
Santa Marta, Magdalena, martes 25 de agosto de 2020
Boletín #0392
