A PROPÓSITO DE LOS HECHOS DE ABUSO POLICIAL EN LA CAPITAL DEL PAÍS

Desde la Gobernación del Magdalena observamos con profundo dolor y máxima preocupación los hechos violentos de abuso policial en la ciudad de Bogotá, en los que hasta ahora han perdido la vida diez personas.

Rechazamos categóricamente cualquier extralimitación de la fuerza y llamamos a la proporcionalidad y racionalidad en la respuesta de las autoridades policiales a las legítimas protestas ciudadanas. El pueblo no ha elegido a sus gobernantes para que acudan a la represión y al uso de la violencia como forma de atender la crisis social. Somos servidores públicos y no verdugos sociales.

El país exige cambios estructurales en la vida social y económica alrededor de la paz, la educación, la salud, el empleo y el medio ambiente, la inconformidad social es expresión de la angustia de millones de colombianos carentes de oportunidades que deben ser escuchados. La protesta social en Colombia no puede seguir enfrentándose con el abuso criminal del poder de quienes tienen la obligación constitucional de garantizar los derechos humanos.

Es este abuso en el uso de la fuerza el que pone de presente la necesidad de disolver el ESMAD y la prohibición del porte de armas de fuego y de letalidad reducida por la fuerza pública en el control de la protesta social. Proponemos una reforma constitucional que permita diseñar una nueva autoridad policiva que restablezca la confianza de la ciudadanía, dé garantías al pleno ejercicio de los derechos humanos y cumpla su verdadera misión: proteger a todas las personas en vida, honra y bienes.

Proponemos también que la Policía Nacional se traslade al Ministerio del Interior y desde la gobernación exhortamos a una visita urgente de una misión humanitaria internacional que incluya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para la formulación de una hoja de ruta con recomendaciones técnicas al Gobierno Nacional.

Finalmente, respaldamos el llamado a un Pacto Nacional por la Vida, por el rechazo a las armas en la política y en la vida social. La protesta es un derecho legítimo que las autoridades debemos proteger y garantizar. Es momento de escuchar con humildad el clamor de la ciudadanía y empeñar todos nuestros esfuerzos en saldar tantas deudas históricas. Del Gobierno del señor presidente Iván Duque depende, en buena parte, la estabilidad y la paz nacional.

CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR

Gobernador del Magdalena

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