El departamento del Magdalena es en el país uno de los territorios donde el paramilitarismo aliado con políticos y agencias públicas, y la guerra en general, provocaron una profunda ruptura en el tejido social; las miles de víctimas en este departamento habían esperado acciones del Estado, de la Gobernación, que sí fueran de reparación y no el simple cumplimiento de una política nacional. Fue así cuando desde el 2020 el Plan de Acción Territorial (PAT) se orientó a dar un verdadero cumplimiento y atención a las expectativas de las víctimas, con Carlos Caicedo el recurso para esta población aumentó un 298% en comparación con la administración 2016 – 2019.
Siguiendo esta política de Cambio por la que votó el pueblo del Magdalena a favor de las víctimas, el gobernador Rafael Martínez presentó ante el Comité de Justicia Transicional, el presupuesto de los próximos cuatro años por $702 mil millones para continuar implementando programas y proyectos que dignifiquen a esta población.
Con el recurso aprobado algunas de las acciones que se realizarán de manera interinstitucional son: prevención del reclutamiento forzado, promoción de la normalización y legalización de predios, vinculación de la población víctima a programas de salud pública, a programas de alfabetización y a programas de calidad en educación, seguridad alimentaria con disponibilidad suficiente y estable de alimentos, concertación e implementación de medidas para preservar y honrar la memoria de las víctimas, y promoción de las garantías de participación, entre otros.
El PAT cuatrienal aprobado, en sesión extraordinaria virtual, por las instituciones que conforman el Comité de Justicia Transicional, cumple los lineamientos establecidos en la ley 1448 de 2011 y sus respectivas medidas y componentes de prevención y protección, asistencia y atención, reparación integral y transversal.
Por otro lado, el Comité también aprobó el plan operativo de la actual vigencia y la Unidad para las Víctimas socializó el plan de sistemas de información del cuatrienio. Con estos planes se busca generar un mayor impacto en el restablecimiento y goce de derechos de las víctimas, como es el compromiso del Gobierno del Cambio en la transformación de las condiciones de vida de las comunidades.